Ramón Castilla (1797–1867): El Caudillo Republicano que Transformó el Perú con Guano y Libertad

Orígenes, formación y primeros años militares

Contexto histórico y familiar

A finales del siglo XVIII, el virreinato del Perú vivía bajo la estructura rígida del sistema colonial español, pero con señales de descomposición y descontento que prefiguraban las futuras luchas por la independencia. En ese contexto, nació Ramón Castilla el 30 de agosto de 1797 en Tarapacá, un territorio entonces perteneciente al virreinato del Perú y actualmente ubicado en Chile. Su cuna no fue aristocrática, pero sí marcada por la movilidad y la diversidad de la época: su padre, Pablo Castilla, era un cateador de minas originario de Buenos Aires, lo que lo conectaba con la dinámica minera del sur andino; y su madre, Francisca Marquesado, descendía de inmigrantes genoveses, lo que le confería a la familia un matiz cosmopolita.

Desde joven, Castilla estuvo expuesto a un entorno de frontera, no solo en términos geográficos, sino también sociales. Tarapacá era una zona minera y comercial, habitada por criollos, indígenas, mestizos y comerciantes extranjeros, donde la autoridad virreinal coexistía con formas autónomas de organización local. Estos elementos serían cruciales para formar el carácter pragmático y adaptativo de Castilla, quien muy pronto abandonó la educación formal para abrazar la vida militar, primero en las filas realistas y más tarde como defensor del proyecto republicano peruano.

Educación y adhesión al ejército español

Castilla fue enviado a Chile para continuar su educación, lo que refleja el nivel de recursos modestos pero suficientes de su familia para darle acceso a una instrucción básica. Sin embargo, la agitación política de la región y la creciente tensión entre las colonias americanas y la metrópoli española influenciaron al joven Castilla, que pronto optó por una carrera militar.

En 1816, con apenas 19 años, se integró como cadete en el regimiento de Dragones de la Unión, un cuerpo militar que respondía a los intereses del ejército realista. En este período, el joven Castilla participó en una de las batallas más significativas del proceso de independencia sudamericano: la batalla de Chacabuco (1817), donde las fuerzas patriotas lideradas por José de San Martín derrotaron al ejército español. Castilla fue hecho prisionero junto a su hermano, y ambos fueron enviados a Buenos Aires. Este evento marcaría el inicio de un periplo accidentado pero formativo.

La fuga desde Buenos Aires hacia Montevideo y luego a Río de Janeiro, seguida de una travesía que atravesó el Matto Grosso brasileño hasta Santa Cruz de la Sierra, muestra no solo la determinación del joven militar, sino también su habilidad para adaptarse a contextos difíciles. Finalmente, llegó a Lima en 1818, donde se reincorporó al ejército realista, aún leal a la corona española.

Transición hacia la causa patriota

En 1822, Castilla protagonizó un giro decisivo al pasarse al bando patriota. Fue entonces cuando San Martín, líder de la expedición libertadora del Perú, lo incorporó a los húsares de la “Legión Peruana de la Guardia”, un escuadrón de caballería que tenía un papel destacado en las campañas del norte del país. En esta nueva etapa, Castilla ascendió rápidamente al grado de teniente, gracias a su valor, disciplina y conocimientos tácticos.

Durante este período también participó en acciones políticas, como el encarcelamiento de Riva Agüero, un jefe patriota que se había enfrentado a Bolívar y cuyo arresto consolidó la autoridad de los mandos republicanos. Aunque no participó en la batalla de Junín, uno de los hitos de la independencia sudamericana, sí lo hizo en la crucial batalla de Ayacucho (1824), donde el ejército patriota, bajo el mando de Antonio José de Sucre, obtuvo una victoria definitiva sobre las fuerzas realistas.

En Ayacucho, Castilla se distinguió notablemente como ayudante del Estado Mayor del regimiento Húsares de Junín, siendo el primer combatiente en ingresar al campo enemigo para transmitir órdenes, pese a haber sido herido de bala y lanza. Su valentía fue reconocida por Sucre, lo que consolidó su prestigio militar en el naciente Estado peruano.

Primeras responsabilidades y posicionamiento político

Terminada la guerra de independencia, Castilla no abandonó la vida pública. Se casó en Arequipa con Francisca Diez Canseco, perteneciente a una familia de la elite local, lo que fortaleció sus lazos sociales y políticos. También comenzó a asumir cargos administrativos: fue designado prefecto de Tarapacá por su paisano Gutiérrez de la Fuente, desde donde se opuso a los intentos del libertador Simón Bolívar de establecer una Constitución Vitalicia y crear la Federación de los Andes. Esta oposición marcó su temprano alineamiento con el liberalismo nacionalista, contrario al autoritarismo supranacional bolivariano.

Cuando Bolívar disolvió el Congreso para imponer su constitución por medio de Colegios Electorales, Tarapacá fue la única jurisdicción que la rechazó, gracias a la resistencia encabezada por Castilla. Este hecho lo colocó en el centro del debate político de la época y mostró su capacidad de liderazgo más allá del campo de batalla.

Crisis política y enfrentamientos con caudillos

Durante la década de 1830, Castilla se involucró directamente en las guerras civiles que fracturaron al Perú en múltiples facciones militares. En 1834, apoyó al liberal Luis José de Orbegoso contra el caudillo Pedro Bermúdez, quien se había rebelado tras perder las elecciones presidenciales convocadas por la Convención Nacional. La postura de Castilla a favor de un régimen civil elegido fue consistente con su oposición al militarismo autoritario.

Posteriormente, se opuso al Pacto de Junio de 1835, que permitía el ingreso al país del boliviano Andrés de Santa Cruz para ayudar a Orbegoso a enfrentar la rebelión de Felipe Santiago Salaverry. Ante la amenaza que representaba la injerencia boliviana y la posible creación de la Confederación Peruano-Boliviana, Castilla optó por el exilio en Chile, donde se convirtió en uno de los líderes de la oposición.

Desde Chile, organizó y participó en la Expedición Restauradora que, con apoyo de voluntarios peruanos y el respaldo del político chileno Diego Portales, venció a las fuerzas confederadas en la batalla de Yungay en 1839, poniendo fin a la Confederación. Esta victoria consolidó a Castilla como un actor político-militar de primer orden y lo proyectó hacia un papel protagónico en el nuevo Perú republicano.

Caudillo liberal y protagonista de las guerras civiles

Primera etapa política y rechazo al autoritarismo

Luego de su destacada participación en la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana, Ramón Castilla emergió como uno de los militares más respetados del Perú. Su prestigio se consolidó aún más durante el turbulento periodo conocido como la Anarquía Militar, que siguió a la muerte del presidente Agustín Gamarra en la fallida invasión a Bolivia en 1841. Castilla, que había sido capturado en la batalla de Ingavi, vivió un accidentado cautiverio en Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, del que salió en 1842. Su regreso al Perú coincidió con el desmoronamiento del poder ejecutivo y la proliferación de caudillos que se disputaban el control del país.

Durante esta etapa, Castilla adoptó una postura de defensa institucional, apoyando al vicepresidente Manuel Menéndez, que había asumido el poder de forma interina. En medio de los conflictos armados entre facciones militares, Castilla se presentó como una figura moderada que abogaba por la legalidad constitucional. Luchó en numerosas batallas, y en 1845, tras derrotar al general Vivanco en Carmen Alto, puso fin al breve Directorio que este había instaurado. Aunque repuso a Menéndez en la presidencia, se convocaron elecciones que Castilla ganó, accediendo así al poder de manera formal.

Este ascenso confirmó lo que el historiador Jorge Basadre describió como una constante de la política peruana decimonónica: “la presidencia se ganaba en el campo de batalla, y se confirmaba con la banda presidencial”. Castilla, con su instinto militar y habilidad estratégica, había comprendido este principio como pocos, y supo utilizarlo no solo para alcanzar el poder, sino también para mantenerse en él.

Inicio del Apogeo Republicano

El primer gobierno de Castilla (1845–1851) marca el inicio del periodo conocido como el Apogeo Republicano, sustentado en la explotación intensiva del guano de las islas del litoral peruano. Este fertilizante natural, muy demandado en Europa y Estados Unidos, se convirtió en el motor económico del país. Inicialmente, el negocio estuvo en manos de empresarios como Francisco Quiroz, quien arrendó las islas por sumas irrisorias. No obstante, Castilla reorganizó el sistema, introduciendo la figura de los consignatarios del guano, empresarios peruanos que explotaban el recurso a cambio de entregar una parte significativa de las ganancias al Estado.

Este modelo generó una bonanza fiscal sin precedentes. Castilla utilizó esos recursos para financiar una serie de políticas que marcaron su presidencia: se creó el primer presupuesto republicano, se invirtió en ferrocarriles, escuelas militares, infraestructura urbana y en la manumisión de esclavos, además de pagar la deuda interna y comenzar la amortización de la deuda externa con Inglaterra, Estados Unidos y Chile.

Sin embargo, el auge del guano también tuvo efectos negativos. Buena parte del gasto público se destinó a burocracia civil y militar, y no a actividades productivas sostenibles. Esto llevó a lo que algunos historiadores llaman una “prosperidad falaz”, una bonanza basada en un recurso finito y mal administrado. La concentración de riqueza en manos de unos pocos consignatarios y la ausencia de diversificación económica generaron una estructura frágil y dependiente.

Modernización institucional y diplomacia

El gobierno de Castilla se preocupó también por el fortalecimiento de las fuerzas armadas, lo que lo llevó a fundar el Colegio Militar y la Escuela Naval de Bellavista, así como a adquirir modernos buques y armamento, entre ellos el navío a vapor Rímac y la fragata Amazonas, que fue la primera nave de guerra peruana en circunnavegar el globo.

En el plano internacional, Castilla impulsó una diplomacia activa. En 1847-1848, organizó en Lima el Primer Congreso Americano, en el que participaron Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Chile. Estados Unidos y Brasil participaron como observadores. En el evento se discutió la necesidad de una alianza defensiva continental frente a las potencias extranjeras. Bajo esa lógica, Castilla se opuso a los planes del general Juan José Flores de establecer una monarquía en el norte andino.

Durante su mandato también se sentaron las bases de la diplomacia peruana moderna, con la apertura de embajadas y consulados en diversos países. En el plano educativo, impulsó el Primer Reglamento de Instrucción Pública (1850), una iniciativa pionera para estructurar el sistema de enseñanza nacional.

Una de sus obras emblemáticas fue la construcción del ferrocarril Lima–Callao, inaugurado en 1851, que mejoró sustancialmente la conectividad y el comercio en la región central del país. Estas obras públicas consolidaron su imagen de reformista y modernizador.

La crisis de la deuda y el regreso al poder

Al concluir su mandato en 1851, Castilla fue sucedido por José Rufino Echenique, quien continuó la política de consolidación de la deuda interna. Sin embargo, la forma en que se manejaron los pagos—con evidencias de favoritismo, corrupción y especulación por parte de la élite comercial limeña—provocó un gran escándalo político.

El propio historiador Alfonso Quiroz ha documentado cómo el proceso favoreció a comerciantes nativos y extranjeros que concentraron en sus manos los vales emitidos por el Estado, manipulando la legislación para su propio beneficio. El clima de descontento se agravó por la inflación y el alza de precios, y los sectores liberales y populares utilizaron este contexto para movilizarse.

Fue entonces que Castilla reapareció como figura política, liderando una rebelión en 1854 que, además de tener como bandera el rechazo a la corrupción, proclamó dos medidas de profundo impacto social: la abolición de la esclavitud y la supresión del tributo indígena. Ambas decisiones respondían tanto a convicciones liberales como a la necesidad de consolidar apoyo popular. Castilla logró la victoria final en la batalla de La Palma, tomando el poder nuevamente en 1855.

Segundo gobierno y reformas liberales

Durante su segundo gobierno (1855–1862), Castilla enfrentó nuevas tensiones entre liberales y conservadores. El Congreso Constituyente promulgó en 1856 una constitución de corte liberal, que reconocía derechos civiles, limitaba el poder presidencial y ampliaba la participación política. Sin embargo, los sectores conservadores se rebelaron en Arequipa, liderados otra vez por Vivanco, lo que desató una guerra civil que concluyó con la victoria de Castilla y la promulgación de una nueva Constitución en 1860, más moderada y aceptable para ambas facciones.

En paralelo, Castilla enfrentó uno de los conflictos internacionales más importantes de su gobierno: la guerra con el Ecuador, detonada por un acuerdo del presidente ecuatoriano Francisco Robles con acreedores británicos, mediante el cual cedía territorios reclamados por el Perú. Castilla respondió con firmeza, ordenando el bloqueo naval de la costa ecuatoriana y la ocupación de Guayaquil. La intervención peruana provocó una grave crisis interna en Ecuador, y el nuevo gobierno de Guillermo Franco firmó el Tratado de Mapasingue (1860), que anuló las cesiones territoriales y reafirmó la soberanía peruana.

Este episodio reforzó la imagen de Castilla como defensor de la integridad territorial y habilidoso estratega diplomático. Al mismo tiempo, se consolidaron sus políticas de integración del territorio amazónico, mediante la fundación del Departamento de Loreto, la compra de buques fluviales y la creación de instituciones navales y educativas en Iquitos. Esta política respondía tanto a intereses geoestratégicos como al deseo de prevenir el avance brasileño en la región.

Reformas, conflictos y consolidación institucional

Modernización y bonanza guanera

Durante su segundo mandato, Ramón Castilla continuó y amplió muchas de las políticas iniciadas en su primer gobierno, en especial las relacionadas con la explotación del guano, que seguía siendo el principal motor de la economía peruana. La modalidad de consignación —en la que el Estado firmaba contratos con empresarios nacionales para exportar guano a cambio de una comisión— se consolidó como el eje de las finanzas públicas. Este sistema permitió al Estado mantener un nivel de ingresos extraordinario, que se tradujo en un notable crecimiento del gasto público.

No obstante, el historiador Shane Hunt ha subrayado que esta bonanza fiscal no se tradujo en un crecimiento económico sostenido. A pesar de contar con recursos sin precedentes, el gasto se canalizó en gran parte hacia el mantenimiento de una abultada burocracia militar y civil, obras públicas de impacto limitado, y el pago de deudas internas y externas. Castilla dirigió importantes recursos a la consolidación de la deuda interna —contraída desde las guerras de independencia— y al pago de los compromisos con acreedores británicos y chilenos, lo que fortaleció la imagen del Perú como país solvente en el plano internacional, pero limitó la inversión productiva.

El desequilibrio estructural de la economía era evidente: el país dependía casi exclusivamente de un recurso natural no renovable, cuya explotación estaba en manos de un pequeño grupo de comerciantes beneficiarios del régimen de consignación. Este modelo económico, aunque generoso a corto plazo, sembró las semillas de la futura crisis financiera peruana.

Abolición de la esclavitud y el tributo indígena

Uno de los logros más recordados del gobierno de Castilla fue la abolición de la esclavitud, proclamada en 1854 durante su rebelión contra el presidente Echenique. Esta medida, aunque muy simbólica, ha sido reinterpretada por historiadores contemporáneos como Carlos Aguirre, quien sugiere que más que una ruptura repentina, la abolición fue el desenlace de un proceso de desintegración gradual del sistema esclavista, impulsado por diversos factores: el avance del liberalismo, el desarrollo del capitalismo internacional, y sobre todo las propias estrategias de resistencia de los esclavos afroperuanos.

La bonanza del guano fue fundamental para viabilizar esta medida, ya que permitió al Estado indemnizar a los propietarios por la pérdida de sus esclavos, eliminando uno de los principales obstáculos económicos a la liberación. Castilla supo capitalizar políticamente esta medida, ganando amplio respaldo en los sectores liberales, así como en las poblaciones afrodescendientes.

Igualmente importante fue la abolición del tributo indígena, una vieja carga fiscal heredada del sistema colonial que seguía recayendo sobre las comunidades originarias. Esta abolición había sido intentada en gobiernos anteriores, pero siempre revocada por presiones conservadoras. En esta ocasión, el respaldo fiscal del guano permitió que la medida se implementara de manera efectiva, eliminando un símbolo de discriminación estructural.

Ambas reformas fueron parte de una estrategia de modernización liberal que buscaba redefinir la ciudadanía en el Perú republicano, incorporando formalmente a esclavos y a indígenas como ciudadanos libres, aunque en la práctica persistieran numerosas formas de exclusión.

Reformas ideológicas y conflictos doctrinarios

Durante su segundo mandato, Castilla enfrentó también una intensa confrontación ideológica entre liberales y conservadores. La promulgación de la Constitución liberal de 1856 generó reacciones violentas en sectores conservadores, que veían en ella una amenaza a la autoridad presidencial, al orden social y a la Iglesia. Esta tensión estalló en la rebelión de Arequipa, liderada por Vivanco, que fue rápidamente sofocada gracias al respaldo que Castilla mantenía en gran parte del país.

En respuesta a las críticas conservadoras y para buscar una mayor estabilidad, se aprobó en 1860 una nueva Constitución, de carácter moderado. Esta carta magna se convirtió en una de las más duraderas del siglo XIX en el Perú, al establecer un equilibrio entre los principios liberales y los mecanismos de control autoritario necesarios para gobernar un país con fuerte inestabilidad.

Este período también fue testigo de un fecundo debate doctrinario, conocido como el tercer ciclo ideológico, en el que intervinieron figuras como Bartolomé Herrera, defensor del conservadurismo teocrático, y los hermanos Gálvez y Benito Laso, representantes del liberalismo secular. Castilla, aunque formado como militar, supo posicionarse como un árbitro entre ambas tendencias, apoyando la libertad individual sin romper completamente con los sectores tradicionales.

Conflictos internacionales y afirmación territorial

En el ámbito exterior, el segundo gobierno de Castilla se distinguió por una política activa y nacionalista. El conflicto con Ecuador, originado por la cesión de territorios peruanos a acreedores británicos por parte del presidente ecuatoriano Francisco Robles, puso a prueba su liderazgo. Castilla ordenó el bloqueo naval de la costa ecuatoriana y, posteriormente, la ocupación de Guayaquil, lo que provocó una crisis política en el país vecino. El nuevo presidente ecuatoriano, Guillermo Franco, firmó el Tratado de Mapasingue en 1860, reconociendo la invalidez de la cesión territorial y reafirmando los derechos peruanos sobre la zona en disputa.

Además de su firmeza frente a Ecuador, Castilla adoptó una posición de rechazo a la intervención extranjera en América Latina, en línea con los principios del congreso de Lima de 1848. Expresó su solidaridad con Nicaragua frente a las incursiones del filibustero estadounidense William Walker, mediante el envío de la Misión Gálvez. Asimismo, protestó por la ocupación de México por parte de tropas francesas que intentaban instaurar un imperio encabezado por Maximiliano de Austria, y por el proyecto de García Moreno de someter al Ecuador a un protectorado británico.

Estas acciones convirtieron a Castilla en uno de los principales defensores del americanismo del siglo XIX, en un contexto de creciente presión imperialista europea y estadounidense sobre los países latinoamericanos.

La política amazónica y la integración del oriente peruano

Una de las facetas menos conocidas pero estratégicamente cruciales de la presidencia de Castilla fue su política amazónica. Consciente de la amenaza que representaba el avance brasileño sobre la región oriental, Castilla promovió la ocupación efectiva de la Amazonía peruana. Para ello, creó el Departamento de Loreto, fundó una Escuela Náutica y un Apostadero Naval en Iquitos, y dotó al país de una flota fluvial compuesta por vapores como el Napo, Putumayo, Pastaza y Morona.

Además, promovió la firma de la Segunda Convención Fluvial del Amazonas (1858), que garantizaba la libre navegación por el río hasta el Atlántico, asegurando así la proyección comercial del Perú hacia el exterior a través de su región oriental. Esta política tenía un claro componente geopolítico, pero también abría nuevas perspectivas para la colonización y desarrollo económico del oriente.

La obra pública continuó con la construcción del ferrocarril Lima–Chorrillos, la instalación del alumbrado a gas, el establecimiento del telégrafo entre Lima y Callao, la red de agua potable y la emisión del primer sello postal peruano. Estos proyectos, aunque todavía limitados en alcance, marcaron el ingreso del Perú en la era de la modernización tecnológica y administrativa.

Últimos años, exilio, rebelión final y legado

Últimos actos políticos y exilio forzado

Finalizado su segundo gobierno en 1862, Ramón Castilla no se retiró completamente de la vida política. Fue elegido senador por Tarapacá y asumió la presidencia de su Cámara, desde donde mantuvo una vigilancia crítica sobre el rumbo del país. Una de sus últimas intervenciones públicas más notorias fue su enérgica protesta contra la ocupación española de las Islas Chincha, un acto que reavivó los fantasmas del colonialismo europeo en el Pacífico suramericano.

Ante el aumento de su popularidad como líder nacionalista y su conocido carácter caudillesco, el presidente Juan Antonio Pezet, temiendo que Castilla encabezara una insurrección contra su débil gobierno, ordenó su destierro a Gibraltar en febrero de 1865. Desde el exilio, Castilla siguió atentamente los acontecimientos en el Perú, particularmente la crisis que provocó la tibia respuesta del gobierno frente a las agresiones españolas, lo que alimentó un fuerte sentimiento patriótico en la población.

Castilla logró regresar al país, y aunque su salud ya no era la de antes —tenía cerca de setenta años—, se mantenía políticamente activo y convencido de que su papel aún no había terminado. Su regreso se produjo en un contexto convulso, marcado por el ascenso de nuevos líderes como Mariano Ignacio Prado, quien articulaba un proyecto más moderno y centralizador, pero que también despertaba suspicacias entre los sectores liberales tradicionales.

Rebelión de 1867 y muerte en el desierto

En 1867, Castilla decidió alzarse en armas por última vez, esta vez contra el intento de reelección de Prado, al que acusaba de contravenir el orden constitucional. Convocó a sus fieles seguidores en Tarapacá, su tierra natal, y desde allí emprendió una marcha hacia el centro del país con el propósito de encabezar una revolución de restauración institucional. Sin embargo, esta última campaña no tuvo el mismo respaldo que sus anteriores gestas militares.

A medida que avanzaba por el desierto del sur peruano, Castilla sufrió las inclemencias del clima, la fatiga y, probablemente, los efectos de una salud ya quebrantada. El 30 de mayo de 1867, falleció repentinamente cerca de Tiliviche, montado a caballo, mientras se dirigía hacia el interior del país. Su muerte conmocionó a la opinión pública, que lo recordaba como uno de los arquitectos de la república y símbolo del liberalismo reformista.

En 1868, sus restos fueron trasladados a Lima, donde recibieron honores oficiales. Hoy descansan en el Cementerio General Matías Maestro, junto a otras figuras ilustres de la historia peruana.

Percepciones contemporáneas y reinterpretaciones históricas

La figura de Ramón Castilla fue, ya en vida, objeto de admiración y controversia. Algunos lo consideraban el «Napoleón peruano», por su habilidad estratégica y su capacidad de mantenerse en el poder gracias a su prestigio militar. Otros lo veían como un caudillo pragmático, que usó su poder con fines reformistas pero sin romper completamente con las prácticas autoritarias propias de su época.

A nivel internacional, fue respetado como un estadista moderno, capaz de posicionar al Perú como una nación soberana y activa en el escenario latinoamericano. Su defensa de la integridad territorial frente a Ecuador, su rechazo a la intervención europea en México, y su respaldo a Nicaragua contra William Walker, lo colocan entre los pioneros del americanismo político, una doctrina que buscaba la unidad y defensa común de los países latinoamericanos frente al imperialismo.

En las décadas posteriores a su muerte, Castilla fue recuperado por diferentes corrientes ideológicas. Los liberales del siglo XIX lo reivindicaron por sus reformas sociales y su respeto por la legalidad constitucional. Los historiadores del siglo XX, como Jorge Basadre, lo consideraron un punto de equilibrio entre la anarquía militar y la construcción institucional. Más recientemente, ha sido objeto de revisiones críticas que matizan su legado, señalando las limitaciones estructurales de sus reformas, en particular su dependencia del guano y su ambivalente relación con la democracia.

Legado duradero en el Perú republicano

El legado de Ramón Castilla puede sintetizarse en cuatro grandes dimensiones:

1. Modernización del Estado: Fundó instituciones claves como el Colegio Militar, la Escuela Naval, las primeras embajadas y consulados, y promovió la adopción de tecnologías como el ferrocarril, el telégrafo y el alumbrado público. Su impulso a la educación pública y al desarrollo de infraestructura sentó las bases de un Estado funcional.

2. Reformas sociales: La abolición de la esclavitud y del tributo indígena representaron avances significativos en la ampliación de derechos ciudadanos, aunque estas medidas no fueron suficientes para erradicar la desigualdad estructural. Castilla apostó por un modelo de ciudadanía universal, basado en la igualdad legal, aunque sin los instrumentos para garantizar su aplicación plena.

3. Soberanía nacional y diplomacia: Castilla defendió con firmeza los intereses territoriales del Perú y promovió una política exterior soberana, especialmente frente a las potencias europeas. Fue uno de los primeros mandatarios en entender la Amazonía como un espacio estratégico para la consolidación del territorio nacional.

4. Modelo económico guanero: El auge del guano marcó tanto su éxito como su limitación. Si bien permitió al Estado peruano financiar reformas, pagar deudas y ejecutar obras públicas, el modelo concentró riqueza, no diversificó la economía y generó una falsa sensación de estabilidad. Su éxito inmediato escondía una fragilidad estructural que explotaría en las décadas siguientes.

A pesar de sus contradicciones, Castilla representa el intento más coherente de construir un Perú moderno en el siglo XIX, articulando desarrollo económico, reformas sociales e institucionalidad. Su figura sigue generando debate en la historiografía contemporánea, pero hay consenso en que fue, junto con Bolívar y San Martín, uno de los grandes artífices del Perú republicano.