Chávez, Hugo (1954-2013)


Hugo Chávez

Político y militar venezolano nacido en Sabaneta, en el estado de Barinas, el 28 de junio de 1954 y fallecido en Caracas el 5 de marzo de 2013. Protagonizó una intentona golpista en 1992 y, seis años después, fue elegido democráticamente presidente de la República, cargo que desempeñó hasta el día de su muerte a consecuencia de un cáncer y después de veintidós meses de tratamiento.

Estudió primaria en la escuela de su pueblo natal y, posteriormente, viajó junto a su familia a la capital barinesa, donde se graduó como bachiller en Ciencias en el liceo Daniel Florencio O’Leary. Durante esta época destacó como jugador de béisbol, lo que le permitió ingresar en la Academia Militar de Venezuela, de donde regresó el 5 de julio de 1975 con el grado de subteniente. Se licenció en Ciencias y Artes Militares, opción Ingeniería Terrestre.

Una vez graduado realizó varios cursos de formación, entre ellos el Curso Internacional de Guerras Políticas en Guatemala (1988) y el de Comando y Estado Mayor en la Escuela Superior del Ejército Simón Bolívar (1991-1992). En 1989 ingresó en la Maestría de Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar, en la que culminó todas las materias, aunque dejó interrumpida la defensa de su tesis por los acontecimientos del 4 de febrero de 1992, jornada en la que protagonizó un intento fallido de golpe de estado militar contra el presidente constitucional Carlos Andrés Pérez.

En la institución militar logró el grado de teniente coronel. Fue comandante del pelotón de Comunicaciones en el batallón de Cazadores Cedeño, entre Barinas y Cumaná (1975-1977) y del pelotón y compañía de Tanques AMX-30 en el batallón Bravos de Apure, en Maracay. Destacó en la frontera, donde comandó el escuadrón de caballería en Elorza, Apure (1985-1986) y el Núcleo Cívico Militar de Desarrollo Fronterizo de Arauca-Meta (1986-1988). Fue, además, oficial de planta de la Academia Militar, donde se encargó de una compañía de Cadetes, jefe de los Departamentos de Educación Física y de Cultura y fundador de la Compañía José Antonio Páez (1980-1984).

En 1988 fue nombrado jefe de ayudantía del Consejo Nacional de Seguridad y en 1991 comandó el batallón de paracaidistas Antonio Nicolás Briceño, que tuvo a su cargo hasta el mencionado intento de golpe de estado del 4 de febrero de 1992. Detenido y procesado por un Tribunal Militar, pasó dos años apresado en el cuartel San Carlos y luego en el penal judicial de Yare, aunque fue puesto en libertad sin sentencia gracias a un indulto del presidente Rafael Caldera.

El 21 de julio de 1998 fue postulado ante el Consejo Nacional Electoral como candidato presidencial por el Polo Patriótico y resultó elegido en los comicios del 6 diciembre de ese mismo año. El 2 de febrero de 1999, durante su toma de posesión, anunció la convocatoria a un referéndum para que el pueblo se pronunciase sobre una nueva Asamblea Constituyente. La revolución política estaba en marcha y su ejecución coparía, fundamentalmente, sus dos primeros años de Gobierno, durante los cuales la bipolaridad entre el Polo Patriótico y el Polo Democrático creada durante la campaña electoral se mantuvo. A pesar de la polémica que desataron los términos de la redacción del decreto de referéndum, la consulta popular se realizó el 25 de abril de 1999 y la convocatoria a la Constituyente fue aprobada por el 88% de los votos, aunque con una abstención del 62,6%. La Asamblea Constituyente propuesta por Chávez fue conformada, a excepción de cuatro diputados, por los candidatos del Polo Patriótico y, por primera vez, las comunidades indígenas obtuvieron representación propia. La nueva Constitución fundó la V República y en un extenso texto que adquirió visos de programa consagró cinco poderes: Ejecutivo, Legislativo -compuesto de una sola cámara-, Judicial, Electoral y Ciudadano. Asimismo, cambió el nombre de República de Venezuela por el de República Bolivariana de Venezuela; otorgó el derecho a sufragio a los miembros de las Fuerzas Armadas y mantuvo el papel rector del Estado. El texto constitucional fue aprobado por referéndum el 15 de diciembre de 1999 y el 31 de julio de 2000 se realizaron nuevos comicios para elegir todos los poderes constituidos.

A pesar de que Chávez fue reelecto con el 58,75% de los votos, el proceso electoral mostró las disidencias en el movimiento que respaldó su candidatura. El programa de Gobierno se hizo más moderado, pero mantuvo el papel preponderante del Estado en el desarrollo económico y social del país con base en el ingreso petrolero. Chávez retomó la proyección del mercado del crudo como elemento económico clave y condujo una activa campaña entre los miembros de la OPEP a fin de lograr un aumento del precio a través de la reducción de la producción, que logró ciertos resultados, pero al fin no mejoró la situación económica venezolana. En el terreno de la política internacional, prevaleció una posición de reinvidicación latinoamericanista, impregnada de bolivarianismo, de declaraciones anti-globalización, de demarcación de soberanía con respecto a Estados Unidos y de estrecho acercamiento al régimen político cubano, que aumentó la inquietud respecto a la revolución chavista.

La crisis del «proyecto chavista»

Su proyecto de Estado recibió una amplia contestación desde el sector empresarial venezolano a finales de 2001. En el mes de noviembre, el presidente anunció la aprobación de medio centenar de decretos-ley que ampliaban de forma sustancial las prerrogativas del Ejecutivo sobre la propiedad privada y la economía de mercado. Las medidas fueron rápidamente reprobadas por la patronal, que tildó el proyecto de intervencionista, estatalista y totalitario, y convocó una huelga general que logró paralizar el país durante la jornada del 10 de diciembre. Las cámaras de comercio anunciaron que el país estaba al borde del colapso fiscal y que la fuga de capitales y la deuda interna conducirían a Venezuela a la bancarrota. Lejos de atender las exigencias de los empresarios, Chávez endureció su discurso y anunció la inmediata ejecución de las nuevas normativas de índole económico.

El aluvión de críticas contra Chávez se incrementó en los meses siguientes y comenzaron a escucharse voces disonantes no sólo entre empresarios y opositores políticos, sino también en el seno de las Fuerzas Armadas. La alarma saltó en los primeros días de febrero de 2002 cuando un coronel del Ejército aprovechó un coloquio en televisión para denunciar el descontento creciente en los cuarteles y exigir la renuncia del presidente. La declaración, secundada por otros oficiales disidentes y apoyada por cientos de manifestantes en las calles de Caracas, incrementó la tensión social e hizo temer una inminente intervención militar para derrocar a Chávez que, de inmediato, se dirigió a la nación para asegurar que no existía riesgo alguno de rebelión en el país.

Golpe de Estado frustrado

Las protestas contra el presidente y sus medidas gubernamentales arreciaron en los días siguientes y sonaron cada vez más fuertes las voces que reclamaban la renuncia del líder bolivariano. A comienzos del mes de marzo, una plataforma constituida por sindicalistas, empresarios y miembros de la iglesia venezolana firmó el llamado «Pacto Democrático de Emergencia»; un documento que incluía un décalogo de medidas para superar la crisis del país y que debía ser aplicado por un Gobierno de transición sin Chávez en la presidencia. La presión contra el máximo mandatario subió de tono durante el 9 de abril de 2002, jornada elegida por el movimiento sindical de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) para convocar una huelga general. La patronal, sindicatos médicos y docentes, parte del movimiento obrero de la industria petrolera y toda la oposición política ratificaron su adhesión al paro que, finalmente, fue secundado por el 70% de los trabajadores del país. Al tiempo que desde los órganos oficiales se intentaba minimizar el alcance de la protesta, la CTV decidió ampliar la huelga 24 horas más y amenazó al Gobierno con paralizar indefinidamente la actividad laboral de Venezuela. Chávez respondió a la afrenta con la declaración del estado de alerta militar.

La tercera jornada de protestas multitudinarias en las principales ciudades del país concluyó con serios incidentes en los alrededores del palacio de Miraflores, que se cobraron la vida de 15 manifestantes y dejó heridos a más de un centenar. Poco después, un grupo de generales de la Fuerza Armada Nacional, encabezados por el almirante Héctor Ramírez, se pronunció contra Chávez y exigió su renuncia a la presidencia. A partir de este momento, los acontecimientos se sucedieron con rapidez pero, también, con extraordinaria confusión. En la madrugada del día 12 de abril, los medios de comunicación informaban de que Chávez había firmado la renuncia y, después de entregarse a los militares rebeldes, permanecía arrestado en el cuartel de Fuerte Tiuna para responder por las muertes de los manifestantes. Por el contrario, fuentes próximas al Gobierno derrocado aseguraban que el mandatario bolivariano había rechazado firmar la renuncia y que su alejamiento del poder respondía a un golpe de Estado ilegítimo.

En las horas siguientes, Pedro Carmona, líder de la patronal Fedecámaras y uno de los principales instigadores de la rebelión cívico-militar, juró el cargo como nuevo presidente del país. Sus primeras medidas fueron destituir el Parlamento, restituir el antiguo nombre de República de Venezuela en lugar de la Bolivariana, adoptada por Chávez, y prometer la convocatoria de elecciones generales y presidenciales. Pero la convulsión en el país no se detuvo y la debilidad del nuevo órgano político de transición se hizo patente de inmediato. Miles de manifestantes, partidarios del régimen chavista, tomaron las calles de Caracas para exigir el regreso del ex presidente, al tiempo que el nuevo Ejecutivo ordenaba practicar detenciones masivas de los partidarios del líder bolivariano. Por otro lado, la decisión de Carmona de adquirir plenos poderes mediante la suspensión de todas las instituciones del antiguo régimen constitucional fue contestada desde los sindicatos, los partidos políticos y el propio Ejército que, antes de que concluyera el primer día del nuevo Gobierno, exigió al presidente el restablecimiento del Parlamento. Carmona aceptó el ultimátum pero pagó sus excesos. Los diputados de la Asamblea Nacional optaron por no reconocer al nuevo presidente y, con el respaldo de la autoridad castrense, nombraron presidente provisional del país a Diosdado Cabello, vicepresidente del Ejecutivo de Hugo Chávez. Sólo unas horas más tarde, en la madrugada del domingo 14 de abril, el artífice de la revolución bolivariana regresó al palacio de Miraflores para recuperar la presidencia. La lealtad del Ejército en muchos de los cuarteles del país y la manifestación masiva de los simpatizantes civiles del chavismo habían resultado determinantes para convertir en fracaso la aventura golpista orquestada por las fuerzas opuestas a Chávez.

Fractura social

En cualquier caso, la fragmentación ideológica de la sociedad venezolana no quedó resuelta y las manifestaciones de uno y otro signo se sucedieron en los meses siguientes. El 10 de octubre de 2002, la Coordinadora Democrática, una heterogénea plataforma de partidos y organizaciones civiles con el único nexo común de hacer público su rechazo al Gobierno chavista, logró convocar en Caracas una multitudinaria concentración para exigir la dimisión del presidente y el adelanto de las elecciones. Apuntalada por el éxito de su convocatoria, la oposición amenazó al jefe del Estado con convocar una huelga indefinida, de no cumplirse sus reivindicaciones. Pero la respuesta del oficialismo chavista llegó, sólo tres días después, con una contramanifestación de similares dimensiones que reunió en las calles de la capital a centenares de miles de venezolanos dispuestos a demostrar su respaldo al líder bolivariano. La división de la sociedad venezolana volvió a quedar en evidencia el 21 de octubre, jornada elegida por los bloques de oposición para poner en marcha la huelga anunciada. Aunque el paro logró paralizar gran parte de la actividad del país, el seguimiento fue desigual y no logró el éxito de anteriores convocatorias. Veinticuatro horas después, un grupo de oficiales, en su mayoría procesados por el golpe de Estado militar de abril, realizó un pronunciamiento público y se declaró en rebeldía contra el Gobierno constitucional aunque su llamamiento a la sublevación no fue secundado por el Ejército.

Descartada la vía golpista, la oposición optó por negociar con el Gobierno la convocatoria a comienzos de 2003 de un referéndum consultivo, con carácter vinculante, para que la ciudadanía se pronunciara por la continuidad o el abandono del presidente. El Ejecutivo chavista, sin embargo, sólo aceptó la posibilidad de celebrar, tal y como estaba previsto en la Constitución, un referéndum revocatorio en el ecuador del mandato presidencial (agosto de 2003) y sin que los resultados fueran de obligado cumplimiento. El Consejo Nacional Electoral (CNE) acabó por dar la razón a la Coordinadora antichavista, que presentó casi dos millones de firmas para avalar su solicitud, y aprobó la convocatoria del referéndum para el día 2 de febrero de 2003, pese a que las fuerzas leales al presidente declararon ilegal la iniciativa porque fue adoptada por mayoría simple de los miembros del órgano electoral. Días más tarde, el Tribunal Supremo se manifestó en la misma línea y anuló la resolución del CNE por entender que la convocatoria exigía el voto favorable de la mayoría cualificada de los miembros del Consejo Electoral.

El 2 de diciembre de 2002, el oficialismo venezolano tuvo que enfrentar, por cuarta vez en menos de un año, un huelga contra Chávez. Los bloques de oposición convocantes mantuvieron un paro indefinido en los días sucesivos, con un seguimiento desigual, pero no lograron forzar al presidente a aceptar el adelanto electoral o un referéndum sobre su eventual renuncia. Lo que sí evidenciaron las jornadas de huelga fue la radicalización del enfrentamiento civil en Venezuela, agravado aún más tras el atentado que sufrieron grupos de opositores concentrados en una céntrica plaza de Caracas durante el quinto día de huelga. Varias personas armadas dispararon de forma indiscriminada contra los manifestantes y el ataque concluyó con un trágico balance de tres personas muertas y tres decenas de heridos de bala. Entretanto, los efectos del paro comenzaban a dejarse notar en el sector nacional del crudo (PDVSA), el pilar indiscutible de la economía venezolana, y Chávez amenazó con decretar el estado de excepción en el país.

Diez después del inicio de la huelga, sus promotores hicieron un llamamiento a la resistencia total indefinida hasta lograr la renuncia del presidente. La llamada a la desobediencia civil encontró respuesta en la convocatoria de nuevas manifestaciones multitudinarias en las calles de Caracas, contrarrestadas desde el Gobierno con la organización de marchas de seguidores chavistas. Pero a estas alturas de la crisis, Chávez contaba aún con el respaldo de la cúpula del Ejército, que amenazó con intervenir contra la escalada de protestas callejeras para impedir el colapso del país. Desafiando la advertencia de los militares, el 29 de diciembre de 2002, cuando se cumplían cuatro semanas desde el inicio de la huelga política contra el régimen chavista, cientos de miles de manifestantes tomaron de nuevo las calles de Caracas para exigir la salida del presidente, en una movilización masiva bautizada como «Gran Marcha de la Victoria». La respuesta del máximo mandatario a los grupos de oposición fue el anuncio de un endurecimiento de su política revolucionaria y el incremento del reparto de tierras entre el campesinado.

Mediación internacional

De nada sirvieron los intentos de mediación dirigidos por el secretario general de la OEA, César Gaviria, durante la larga crisis y 2003 comenzó tal y como había terminado el año anterior, con manifestaciones y contramanifestaciones, marchas y contramarchas y la sensación generalizada de incapacidad para aportar una solución inmediata y poner fin a la fractura del país. Opositores y oficialistas libraron la primera batalla campal del año el 3 de enero cerca del Fuerte Tiuna, sede de la comandancia del Ejército, en una jornada que se saldó con dos personas muertas y medio centenar de heridos. El presidente amenazó de nuevo con declarar el estado de excepción al tiempo que el sector bancario anunciaba su incorporación a la huelga.

A mediados de enero, el presidente de Brasil, Lula da Silva, impulsó en Quito una nueva iniciativa mediadora. Inició conversaciones con líderes internacionales, reunidos en la capital ecuatoriana con ocasión de la toma de posesión del nuevo presidente de la República, Lucio Gutiérrez, y les propuso la creación de un Grupo de Países Amigos de Venezuela para buscar una salida negociada a la crisis. El grupo mediador quedó integrado por Brasil, Chile, México, España, Portugal y Estados Unidos. Otra propuesta de diálogo partió del ex presidente estadounidense y premio Nobel de la Paz, Jimmy Carter, quien viajó a Venezuela con una doble vía de negociación; por un lado, la convocatoria del referéndum revocatorio a mitad del mandato presidencial tal y como prevé la Constitución y, por otro, la aprobación de una enmienda constitucional para acortar su mandato y convocar elecciones anticipadas.

El 2 de febrero de 2003 la oposición organizó una nueva jornada de reivindicación, bautizada como firmazo y dedicada a la recolección de miles de firmas de apoyo para poner en marcha un conjunto de iniciativas legislativas orientadas a forzar la caída de Hugo Chávez. Un día después, la Coordinadora Democrática acordó suspender de forma definitiva la huelga general que durante dos meses mantuvo el país prácticamente paralizado.

Finalizado oficialmente el paro, con el país polarizado y empobrecido y después de 100 días de infructuosas gestiones, la llamada Mesa de Negociación y Acuerdos de Venezuela, auspiciada por Óscar Gaviria en representación de la OEA, logró su primer éxito después de que Gobierno y oposición acordaran suscribir «un pacto contra la violencia y a favor de la paz y la democracia». En cualquier caso, la bandera blanca ondeó durante muy pocos días en el país, toda vez que el presidente venezolano orquestó una explícita campaña de represalias contra los principales dirigentes de la huelga general decretada contra su Gobierno y que paralizó el país durante dos largos meses. Así, el 20 de febrero de 2003 y bajo las acusaciones de rebelión civil, traición a la patria e instigación al delito, un juez ordenó la detención de los líderes del paro; el empresario Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras, y el sindicalista Carlos Ortega, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). El líder de la patronal quedó en arresto domiciliario mientas Ortega, que anunció su intención de no presentarse ante el juzgado, pidió días más tarde asilo político en la embajada de Costa Rica en Caracas.

Referéndum revocatorio

A finales del mes de mayo, chavistas y opositores alcanzaron finalmente un acuerdo para celebrar en la segunda mitad de agosto un referéndum revocatorio del mandato presidencial. Para poner en marcha el proceso, la oposición debería reunir las firmas de al menos el 20% del electorado, mientras que para ganarlo, necesitaría sumar más de los 3.700.000 votos obtenidos por Chávez en las elecciones de 2000. El 20 de agosto de 2003, la Coordinadora Democrática presentó oficialmente ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) los más de dos millones de firmas requeridas por la Constitución para habilitar la consulta popular. Entretanto, la consabida réplica de los leales al presidente se produjo tres días después con miles de seguidores concentrados en las calles de Caracas para celebrar los tres años de Chávez en el palacio de Miraflores.

El 12 de septiembre, el CNE declaró nula la petición de referéndum impulsada por el bloque antichavista porque las firmas fueron recogidas en el mes de febrero, en la jornada bautizada como el firmazo; antes del plazo previsto en la Constitución a este efecto, es decir antes de que se cumpliera la mitad del mandato presidencial. Minutos después de conocerse el fallo del Consejo Electoral, la Coordinadora Democrática anunció la puesta en marcha del reafirmazo; una nueva iniciativa para repetir el proceso.

Antes de finalizar el año, la oposición proclamó la recogida de 3,6 millones de firmas al tiempo que el Gobierno chavista denunciaba un fraude masivo. El CNE validó 1,9 millones de firmas y ordenó la ratificación de más de 500.000 por irregularidades en el proceso de recogida. El proceso de verificación culminó en los últimos días del mes de mayo de 2004 y, finalmente durante la jornada del 3 de junio, el Consejo Electoral anunció que los grupos de oposición habían logrado recabar firmas suficientes para poner en marcha el referéndum revocatorio.

La campaña mantuvo abierto el enfrentamiento entre partidarios y detractores de Chávez hasta la jornada electoral del 15 de agosto. Aquel día, los venezolanos acudieron de forma masiva a las urnas y el 58% de los más de 10 millones de votantes manifestaron su negativa a que el comandante abandonara la dirección del país. Los grupos de oposición, reunidos bajo el paraguas de la Coordinadora Democrática, habían fracasado en su intento de expulsar a Hugo Chávez de la presidencia y, aunque denunciaron fraude en el recuento, los observadores internacionales avalaron sin reparos los resultados. El 10 de septiembre de 2004, la oposición antichavista impugnó oficialmente el referéndum ante el CNE.

Poco más de quince meses después de la victoria del presidente en las urnas, los venezolanos concurrieron nuevamente a una consulta electoral para elegir, en esta ocasión, a sus representantes en la Asamblea Nacional. La campaña volvió a levantar las pasiones airadas de las dos grandes corrientes políticas del país y defensores y detractores del chavismo lanzaron su particular ofensiva propagandística. El 19 de noviembre de 2005, apenas 15 días antes de la jornada electoral, los principales partidos de la oposición [Acción Democrática y Copei y la agrupación Proyecto Venezuela] acusaron al Consejo Nacional Electoral de servir a los intereses del oficialismo y anunciaron la retirada de sus candidaturas por considerar que no existían garantías de transparencia. La extrema polarización de las posturas del Gobierno y la oposición y el descrédito de la clase política comenzó a despertar el rechazo de un número creciente de ciudadanos que manifestaba su falta de sintonía con las dos propuestas mayoritarias y su adscripción a un sentimiento espontáneo, sin ideología ni programa, que fue bautizado con el nombre de «Ni-Ni» [ni Gobierno, ni oposición].

La decisión de boicotear los comicios abrió un cisma importante en la unidad de acción de los grupos de oposición. Algunos líderes antichavistas calificaron de errónea la iniciativa que marcaba la composición de un Parlamento forzosamente monocolor y convertía en extraparlamentario el contrapeso al oficialismo chavista. Celebrados los comicios el 4 de diciembre de 2005, la abstención se convirtió en la gran vencedora de la jornada. Sólo un 25% de los votantes acudió a las urnas; porcentaje insuficiente para celebrar con estruendo la victoria de las fuerzas leales al presidente. Conocidos los resultados, el Gobierno propuso a la oposición iniciar un proceso de diálogo.

Las elecciones celebradas en diciembre de 2006 dieron el triunfo por amplia mayoría a Hugo Chávez, que se hizo con el tercer mandato por una amplia mayoría. El presidente prometió luchar contra la corrupción y contra la burocratización.

El 2 de febrero de 2009, el presidente de Venezuela, festejó el décimo aniversario de su asunción del poder, dictando un decreto de feriado nacional para conmemorar en el futuro este día. El 14 de ese mes resolvió expulsar a un eurodiputado español por que éste le llamó dictador. Al día siguiente, ganó el referéndum popular para modificar la Constitución, con el objetivo de poder presentarse sin límite a elecciones presidenciales.

En mayo de 2009, allanaron la vivienda del dueño del canal de noticias Globovisión en Venezuela, que mantenía una posición crítica con el presidente Chávez, por una supuesta denuncia de contrabando de automóviles. El Banco de Venezuela, anteriormente en propiedad del Banco de Santander, fue finalmente nacionalizado a fines de ese mes, mediante el pago de 755 millones de euros. En noviembre de 2009, el presidente Chávez recibió la visita del presidente de Irán. M. Ahmadineyad, y ambos países estrecharon lazos diplomáticos y comerciales, mediante la firma de 270 acuerdos bilaterales.

En 2009, Hugo Chávez consiguió perpetuar su modelo pero su proyecto se vio truncado en 2011 cuando se le dectectó una «lesión» pélvica que le fue tratada en Cuba con diferentes ciclos de quimioterapia. En julio de 2012, Chávez declaró estar «libre» de la enfermedad y volvió a presentarse como candidato en las elecciones presidenciales del 7 de octubre para el periodo 2013-2019. Chávez fue reelegido para un tercer mandato consecutivo con diez puntos de diferencia con respecto al candidato de la oposición. Según datos del CNE, Hugo Chávez Frías consiguió el 55,8% de los votos frente al 44,30% de su oponente, Henrique Capriles, candidato de la Mesa de Unidad Democrática (MUD). Logró la victoria en el Distrito Capital y en todos los estados, excepto en los de Táchira y Mérida. La campaña electoral fue difícil para Chávez a causa de su delicado estado de salud y las especulaciones sobre su deterioro fueron en aumento. El 8 de diciembre de 2012, sin haber jurado su cargo como presidente, Chávez anunció que iba a viajar a La Habana para operarse de nuevo y designó como sucesor al vicepresidente, Nicolás Maduro.

El 10 de enero de 2013 arrancó el cuarto periodo presidencial de Chávez. El 18 de febrero Chávez anunció a través de su cuenta oficial en Twitter que había regresado a Venezuela después de 70 días de tratamiento en La Habana. El 5 de marzo de 2013, el presidente venezolano falleció en Caracas a las 16:25 hora local (21:55 hora española) por complicaciones médicas tras su última operación de cáncer, según anunció oficialmente el vicepresidente Maduro en una cadena de Radio y TV desde el Hospital Militar de Caracas, donde Chávez permaneció ingresado desde que regresara a Venezuela el 18 de febrero. Asimismo, señaló que tras la muerte de Chávez «se ha previsto un despliegue especial de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), de la Policía Nacional Bolivariana (PNB)» para acompañar y proteger al pueblo venezolano. La capilla ardiente con los restos mortales del presidente se instaló en la Academia Militar de Venezuela y se declararon siete días de duelo nacional. Nicolás Maduro asumió el cargo de presidente interino.

Bibliografía

  • ARVELO RAMOS, Alberto. El dilema del chavismo. Una incógnita en el poder, Caracas, Centauro, 1998

  • BLANCO MUNOZ, Agustín. Habla el Comandante. Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1998.