José Balta Montero (1814–1872): Arquitecto de la Modernización Peruana y Víctima de la Traición

Los orígenes de un militar republicano

El Perú del siglo XIX: entre la independencia y el guano

Cuando José Balta Montero nació en Lima el 25 de abril de 1814, el Perú aún era parte del virreinato del Perú, bajo dominio de la corona española. Sin embargo, los vientos de la independencia ya soplaban con fuerza en toda Hispanoamérica. La infancia de Balta coincidió con el proceso de emancipación que llevaría a la proclamación de la independencia en 1821 y a la consolidación de la república peruana en los años siguientes, en un contexto de guerras civiles, reorganización territorial y búsqueda de estabilidad institucional.

El periodo inmediatamente posterior a la independencia estuvo marcado por una sucesión de gobiernos militares, caudillismos regionales y conflictos internos que impidieron una cohesión nacional sostenida. A mediados del siglo XIX, el Perú comenzó a consolidar su economía gracias al auge del guano de las islas, un fertilizante natural muy codiciado en Europa y América. Este recurso permitió al Estado contar con una fuente de ingresos inédita, facilitando emprendimientos modernizadores, aunque también generando nuevas formas de corrupción y dependencia económica.

Familia y juventud en una república naciente

Balta fue hijo del catalán Juan Balta Brú y la limeña Agustina Montero Casafranca. Su padre, un emigrado político que había defendido en Barcelona ideas separatistas, se vio forzado al exilio, como tantos otros en la Europa convulsa de comienzos del siglo XIX. En Lima, se estableció y prosperó moderadamente, formando una familia de seis hijos, entre ellos José. Esta mezcla de raíces europeas y criollas le dio a Balta un sentido de pertenencia que oscilaba entre la identidad liberal heredada y el pragmatismo de la realidad republicana peruana.

La experiencia de su padre como exiliado político y su posterior adaptación en una tierra distante probablemente marcó la formación del carácter de Balta, otorgándole un sentido del deber cívico y del valor de las decisiones individuales en contextos de conflicto. La figura paterna no solo representaba un pasado rebelde europeo, sino también el modelo de integración y ascenso dentro de una sociedad aún en formación.

Vocación temprana y formación militar

En un país donde la inestabilidad política y la falta de oportunidades hacían del servicio militar una vía de movilidad social, José Balta ingresó al Colegio Militar en 1830, con apenas 16 años. Tres años después, se graduó como subteniente, iniciando así una carrera que lo llevaría por los campos de batalla, las prisiones, y eventualmente, la presidencia de la República.

La inestabilidad del Perú republicano empujaba a los jóvenes oficiales, muchas veces sin formación sólida, a saltar prematuramente de las aulas a los frentes de guerra. Balta fue uno de ellos. Participó inicialmente en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, una alianza efímera que buscó integrar los intereses de ambos países, pero que fue duramente resistida por sectores peruanos. Curiosamente, en un inicio combatió del lado confederado, siendo capturado y enviado a prisión en Bolivia, donde pasó dos años como prisionero.

A su regreso, ya con una visión más amplia de la geopolítica regional y con un carácter endurecido, se alineó con el bando vencedor en la batalla de Yungay (1839), enfrentamiento clave que selló la disolución de la Confederación. Por su actuación, recibió el ascenso a Sargento Mayor, un reconocimiento significativo en una época donde los méritos militares eran una de las pocas vías legítimas hacia el poder.

Primeras alianzas y conflictos en un país convulso

Durante las décadas siguientes, Balta se movería entre alianzas estratégicas con distintos caudillos de la política peruana. Su carrera estuvo ligada primero al general Manuel Ignacio de Vivanco, y luego al influyente mariscal Ramón Castilla, uno de los hombres más poderosos del Perú decimonónico.

En 1851, tras la elección de José Rufino Echenique como presidente, Balta fue elevado a la categoría de hombre de confianza del régimen. Sin embargo, cuando estalló la guerra civil entre Echenique y Castilla, Balta peleó en la batalla de La Palma (1855), apoyando a Echenique. El desenlace fue desfavorable para su causa: Echenique fue derrotado y Castilla tomó el poder.

Como consecuencia de su lealtad al régimen caído, Balta fue separado del ejército y se vio obligado a vivir en el retiro por casi una década. Sin embargo, su carrera no estaba terminada: en 1861, fue oficialmente reintegrado como coronel, un rango que ya había alcanzado en 1852.

Durante este exilio forzado, se dedicó a la agricultura en Chiclayo, una región del norte peruano en plena expansión agrícola. Allí, los cultivos azucareros prosperaban, favorecidos por la combinación de mano de obra asiática, las remesas de la consolidación de la deuda interna, y la apertura del mercado estadounidense. Esta etapa le permitió entender de primera mano las dinámicas económicas del campo peruano y sentar las bases de lo que más tarde sería un proyecto modernizador presidencial.

Desde Chiclayo, Balta no solo cultivaba caña de azúcar, sino también alianzas políticas que lo proyectarían de nuevo al centro del poder. En 1865, lideró la revuelta contra el gobierno de Juan Antonio Pezet, que había sido desacreditado por su actitud pasiva frente a las pretensiones españolas sobre las islas guaneras. Esta revuelta lo catapultó brevemente al ministerio de Guerra y Marina durante el régimen de transición de Pedro Diez Canseco.

Ese mismo año, participó en la defensa del Callao el 2 de mayo de 1866, frente a la flota española, consolidando su figura como militar nacionalista y patriótico. Esta batalla, simbólicamente comparada por algunos con Ayacucho, le dio prestigio y lo colocó en la lista de militares presidenciables.

Deportado poco después a Chile por orden del gobierno de Mariano Ignacio Prado, Balta regresó clandestinamente al norte del país, organizando una nueva resistencia militar. Esta vez, respaldó abiertamente a Diez Canseco y contribuyó a la derrota de Prado a comienzos de 1868. Ante la necesidad de convocar a elecciones, Balta se presentó como candidato presidencial, compitiendo con figuras como Manuel Toribio Ureta y Manuel Costas.

En un contexto donde los colegios electorales estaban dominados por intereses clientelares y militares, Balta recibió un respaldo abrumador. Rechazó, por principios, el ascenso a general de brigada, manteniéndose en el rango de coronel, en lo que puede interpretarse como un gesto de humildad o de cálculo político. El 1 de agosto de 1868, el Congreso oficializó su elección.

Con ello, José Balta Montero entraba a Palacio de Gobierno, no como el heredero de una oligarquía, sino como un hijo de inmigrantes, militar disciplinado y agricultor exitoso, decidido a transformar el Perú con una visión pragmática, modernizadora y nacionalista.

Presidente en tiempos de modernización y crisis

El retorno a la vida pública y la escalada al poder

Cuando José Balta Montero asumió la presidencia del Perú en agosto de 1868, el país se encontraba exhausto tras décadas de guerras internas y crisis políticas. El suyo fue uno de los primeros intentos de construir un Estado moderno en una nación fragmentada por las lealtades regionales y las luchas caudillistas. Aunque su ascenso fue facilitado por su prestigio militar y su pasado como agricultor en el norte, Balta se proyectó como un gobernante dispuesto a impulsar la paz interna y el desarrollo nacional.

Su legitimidad inicial no fue cuestionada. Tras derrotar al gobierno de Mariano Ignacio Prado, el interino Pedro Diez Canseco organizó las elecciones que dieron como resultado la elección de Balta por abrumadora mayoría. Su candidatura representaba una alternativa práctica y nacionalista frente a los tradicionales grupos oligárquicos limeños y al nuevo movimiento civilista que comenzaba a gestarse. Balta era un hombre del interior, un coronel reacio a aceptar ascensos sin méritos, y un líder con reputación de eficiencia.

El país, sin embargo, le presentaría desafíos inmediatos. Apenas unos días después de su investidura, el 13 de agosto de 1868, un terremoto devastador sacudió el sur del Perú, destruyendo Arequipa, Arica y otras ciudades. Paralelamente, una epidemia de fiebre amarilla comenzaba a propagarse, generando una crisis sanitaria sin precedentes.

Grandes obras para una gran nación

Lejos de quedar paralizado por la catástrofe, Balta utilizó la emergencia como impulso para una política de reconstrucción nacional, combinando medidas de asistencia inmediata con ambiciosos proyectos de infraestructura. Su administración priorizó la creación de vías de comunicación, puentes, puertos y líneas férreas, lo que transformó profundamente el territorio nacional y sentó las bases para una economía exportadora más integrada.

Una de las obras más simbólicas fue la construcción de numerosos puentes, entre ellos el famoso puente Balta sobre el río Rímac en Lima, hecho de hierro y considerado una hazaña de ingeniería para la época. Otros puentes emblemáticos surgieron en Arequipa (sobre el Chili), en Ayacucho, Cajamarca, Moquegua, Pacasmayo, y hasta en la selva alta del Marañón y Urubamba. Estas obras no solo facilitaron el tránsito, sino que simbolizaron el proyecto modernizador de Balta, orientado a unir un país físicamente fragmentado.

Además, su gobierno fundó y mejoró puertos clave como Ancón, Salaverry, Mollendo, Eten, Pacasmayo, Chimbote, Pisco, Ilo e Iquique, modernizando también las dársenas del Callao, el puerto principal del país. Estas inversiones permitieron la expansión del comercio exterior, particularmente de productos agrícolas, al facilitar la salida del azúcar, algodón y otros productos hacia mercados internacionales.

En paralelo, Balta impulsó el tendido de líneas férreas, como la ferrovía de Mollendo a Arequipa, cuya inauguración en 1870 fue celebrada con un suntuoso banquete para ochocientos invitados. Estas obras, que continuaron avanzando hacia la frontera boliviana, permitieron reducir tiempos de transporte, integrar regiones aisladas y consolidar la vocación exportadora de la economía peruana.

El rostro modernizador del régimen de Balta

La modernización de Lima fue uno de los proyectos más visibles de su mandato. Ordenó el derribo de las murallas coloniales que limitaban la expansión urbana, facilitando la transformación de la ciudad capital en un centro más abierto, moderno y funcional. Se restauraron templos históricos, se inició la construcción de un gran hospital público, el Hospital Dos de Mayo, y se edificó una plaza circular de estilo europeo que lleva el mismo nombre, con un obelisco traído desde París en el centro.

La arquitectura civil fue también renovada con edificaciones como el Palacio de la Exposición, destinado a mostrar el progreso nacional y la apertura al mundo. Todo esto formaba parte de una estrategia para elevar la imagen del Perú y dotar al Estado de símbolos modernos de autoridad y eficiencia.

En el ámbito agrícola, Balta no olvidó su pasado como haciendado en Chiclayo. Promovió obras de irrigación en la costa, mejorando el caudal del río Rímac y estableciendo una Escuela de Agricultura en Santa Beatriz, en las afueras de Lima. Además, impulsó la presencia militar en la Amazonía, fundando establecimientos en los principales ríos, en un intento de afirmar la soberanía peruana sobre un territorio históricamente desatendido y codiciado por sus vecinos.

Por otra parte, la tecnología también tuvo lugar en sus prioridades: su gobierno expandió el telégrafo nacional, modernizando las comunicaciones mediante la creación de la Compañía Nacional Telegráfica, que acercó regiones distantes al centro del poder político y económico.

El Contrato Dreyfus: luces y sombras de una decisión financiera

Sin embargo, todas estas obras tenían un costo colosal. Para financiar sus planes, el gobierno de Balta recurrió a grandes empréstitos internacionales, particularmente en Francia, negociados entre 1869 y 1872. El agente financiero fue la prestigiosa casa Dreyfus, una firma parisina que se convirtió en un actor clave en la economía peruana.

El denominado Contrato Dreyfus fue presentado como una solución eficaz al problema del guano, cuya comercialización había sido fuente de inestabilidad y corrupción. La idea era sencilla pero arriesgada: conceder a una sola casa extranjera el monopolio de la exportación del guano, a cambio de que esta se hiciera cargo del pago de la deuda externa, entregando al Estado una mensualidad fija. Esta fórmula debía permitir al gobierno liberarse del tira y afloja constante con los consignatarios nacionales, quienes se resistían a anticipar dinero por ventas futuras.

El ministro de Hacienda, Nicolás de Piérola, principal artífice del acuerdo, lo presentó como un “2 de mayo de la hacienda pública”, equiparando su relevancia a la victoria patriótica sobre España. Pero la comparación era problemática: mientras la batalla del Callao unía a la nación, el Contrato Dreyfus dividía profundamente a las élites económicas.

Los consignatarios nacionales, desplazados por la operación, encabezaron una tenaz campaña de oposición. Argumentaban que se estaba entregando la soberanía fiscal a una empresa extranjera, y que el Estado perdía capacidad de negociación y supervisión. La polémica se desató en la prensa limeña, en el Congreso y entre los círculos intelectuales de la época.

La crítica más aguda, sin embargo, vino con el tiempo: al comprometerse a entregar a Dreyfus una porción significativa del guano disponible y recibir a cambio sumas fijas, el Estado peruano apostó todo a un recurso natural cuya rentabilidad comenzaba a declinar. Además, al atarse a un solo socio externo, el Estado perdió flexibilidad fiscal y se convirtió en una entidad autosuficiente, desconectada de la ciudadanía a la que debía representar.

Aunque el Contrato Dreyfus permitió financiar las grandes obras del régimen y ordenar las finanzas públicas temporalmente, generó una estructura económica dependiente y excluyente, donde el ciudadano común tenía escasa participación en las decisiones de Estado. Esta transformación del aparato fiscal en una maquinaria tecnocrática y centralizada marcaría un punto de inflexión en la relación entre Estado y sociedad en el Perú.

Muerte, traición y legado de un presidente asesinado

El ocaso del gobierno y el ascenso del civilismo

Hacia el final de su mandato, José Balta Montero enfrentaba un escenario político completamente distinto al de sus inicios. A pesar de sus logros en infraestructura y modernización, su gobierno comenzaba a ser cuestionado por sectores emergentes de la sociedad peruana, especialmente los vinculados al Partido Civil, una agrupación política integrada por intelectuales, empresarios y figuras del mundo urbano limeño que impulsaban una visión de Estado moderno, eficiente y civilista.

El liderazgo de este movimiento recayó en Manuel Pardo y Lavalle, economista e intelectual, quien representaba la primera gran alternativa civil al poder militar que había dominado el país desde la independencia. Pardo se presentaba como el candidato de la racionalidad administrativa, la transparencia fiscal y la integración del ciudadano en la vida política, en contraposición al autoritarismo y al personalismo de los caudillos militares.

Aunque algunos historiadores han sugerido que Balta llegó a apoyar discretamente la candidatura de Pardo, otros sostienen que el presidente fue ambivalente o incluso reacio a permitir que un civil accediera al poder. La realidad es que Balta enfrentaba una presión interna creciente, no solo de las élites económicas desplazadas por el Contrato Dreyfus, sino también de sectores del ejército, que veían con alarma la posibilidad de que un civil inaugurara un nuevo ciclo político.

El golpe de los hermanos Gutiérrez

La tensión llegó a un punto crítico con la aparición en escena de los hermanos Gutiérrez, un clan militar de cuatro hermanos —Tomás, Silvestre, Marceliano y Marcelino— que ocupaban puestos clave en el ejército, incluyendo el ministerio de Guerra. Su objetivo era impedir que Manuel Pardo asumiera la presidencia, temiendo que un gobierno civil significara el fin de la preeminencia militar en los asuntos del Estado.

El 22 de julio de 1872, con Manuel Pardo ya proclamado presidente electo, los Gutiérrez tomaron el control del palacio de gobierno. Silvestre Gutiérrez, al mando de tropas leales, detuvo a José Balta y lo condujo al cuartel Santa Catalina, donde quedó bajo custodia de su hermano Marceliano. Mientras tanto, Tomás Gutiérrez, hasta entonces ministro de Guerra, se autoproclamó “Jefe Supremo de la Nación”.

Fue un acto de fuerza que buscaba revertir el curso de la historia, restaurando la hegemonía militar frente a la inminente transición democrática. Pero el golpe careció del apoyo popular, político y militar necesario para consolidarse. La escuadra naval se negó a secundar el levantamiento, y el Congreso, aún bajo la influencia del baltaísmo, se pronunció en contra de la usurpación.

Un asesinato que conmovió a la nación

El desenlace fue tan violento como inesperado. El 26 de julio, mientras Silvestre Gutiérrez se dirigía al Callao para negociar con los marinos, fue interceptado por una multitud enfurecida. Primero lo abuchearon, luego lo atacaron y finalmente lo asesinaron. Al conocer la noticia, Marceliano Gutiérrez, encolerizado, ordenó la ejecución de José Balta, quien se encontraba leyendo en su cama en el cuartel Santa Catalina. Tres soldados ingresaron y le dispararon sin juicio ni aviso.

La noticia del asesinato de un presidente constitucional en prisión desató una oleada de indignación sin precedentes. La multitud limeña, que ya había mostrado su rechazo al golpe, ahora canalizó su furia contra los responsables del crimen. El pueblo tomó el control de las calles. Tomás Gutiérrez, refugiado en el mismo cuartel donde había estado preso Balta, intentó escapar disfrazado, pero fue reconocido por transeúntes al pasar por la esquina de La Merced y Lescano, en pleno jirón de la Unión.

Acudió a pedir auxilio a una farmacia, donde se escondió dentro de una tina, tras las estanterías de medicamentos. No fue suficiente: la turba irrumpió en el establecimiento, lo sacó a la fuerza y, pese a sus súplicas de perdón, lo linchó públicamente. Marceliano, por su parte, corrió la misma suerte en el Real Felipe del Callao.

En un acto brutal y simbólico, los cuerpos de los tres hermanos Gutiérrez fueron colgados de los campanarios de la Catedral de Lima, completamente desnudos, como escarnio público. Luego fueron arrojados a una hoguera, en una escena que muchos compararon con los autos de fe de la Inquisición. Lima vivió aquellos días como un retorno a la barbarie, y el asesinato de Balta quedó inscrito en la memoria colectiva como una de las mayores traiciones de la historia republicana peruana.

Relecturas históricas y proyección nacional

A lo largo del tiempo, la figura de José Balta ha sido reinterpretada desde distintos ángulos. Para algunos, fue el primer presidente verdaderamente modernizador del Perú, un hombre que supo combinar la visión técnica con la voluntad política para transformar el país. Para otros, fue un caudillo militar más, que utilizó el poder para favorecer a sus aliados y comprometer al Estado en aventuras financieras peligrosas, como el Contrato Dreyfus, cuyas consecuencias fiscales y políticas aún se discuten.

Desde la perspectiva económica, el contrato que firmó con la casa francesa Dreyfus permitió un respiro temporal a la deuda externa y financió obras de gran envergadura. No obstante, también distorsionó la relación entre Estado y sociedad, al crear una estructura fiscal independiente de los ciudadanos, en la cual el Estado no necesitaba recaudar impuestos directamente, sino que se financiaba con la venta de recursos naturales, delegada a un agente extranjero.

En el plano político, Balta puede ser visto como el último gran militar antes del ascenso del civilismo. Su asesinato no solo marcó el fin de su gobierno, sino que abrió las puertas a la presidencia de Manuel Pardo, instaurando un nuevo ciclo en la historia re